Aprobado y en vigor el Real Decreto-ley 1/2021 de 19 de enero, que modifica la actual Ley de Consumo para garantizar la protección de consumidor@s y usuari@s frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, incluyendo la discapacidad
Firmar un contrato o realizar una compra son actividades cotidianas que no suelen conllevar ninguna dificultad. ¿Pero qué pasa si el/la comprador/a es una persona con algún tipo de discapacidad o desprotección? ¿Cómo asegurarse de que adquieran lo que necesitan bajo las condiciones adecuadas? Para evitar casos de abusos, fraudes o estafas en los grupos sociales considerados más indefensos, surge en España la figura del consumidor vulnerable.
La introducción a nivel jurídico del término ha sido posible gracias a la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, mediante un Decreto-Ley que entró en vigor el pasado 21 de enero de este año. El texto supone un avance legislativo en la protección de los derechos de las personas consumidoras o usuarias que se ven afectadas por una situación de vulnerabilidad. Como tal, el concepto entiende dos tipos: vulnerabilidad por situación económica o por situación social (características personales vinculadas a la edad, salud, discapacidad o situación de exclusión social).
Reconociendo que la persona considerada vulnerable puede presentar algún tipo de desventaja como cliente, el nuevo decreto pretende garantizar un acceso en igualdad de condiciones al mercado de productos y servicios que el resto de la población, protegiendo así sus derechos como consumidor/a. En la práctica, el texto legal introduce, entre otras, medidas que obligan a las empresas a prestar el apoyo necesario para la comprensión de un contrato comercial, o la adecuación del etiquetado y la información sobre los bienes y consumos. Se prevé, no obstante, la ampliación del reglamento de protección y ayuda a estos colectivos mediante la modificación de otros artículos de la misma Ley del Consumidor, que doten de mayor contenido a la figura de consumid@r vulnerable y establezcan la necesidad de especial atención a estas personas.
La nueva legislación, motivada por la situación actual de crisis sanitaria, responde a la exigencia de la normativa europea, recogida en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Se presenta como una herramienta de apoyo esencial para muchas mujeres y hombres con parálisis cerebral, ya que servirá para potencial su autonomía, la participación directa en determinadas relaciones de consumo y su capacidad de hacer valer sus derechos, evitando la vulneración de los mismos o el abuso.
Desde Federación ASPACE-Galicia aplaudimos la modificación de nuestro ordenamiento estatal. La falta de una regulación que tuviese en cuenta las necesidades o realidades diferentes de las personas que son englobadas dentro del término “colectivos vulnerables” suponía una desprotección y limitación al acceso a servicios básicos necesarios para lo que consideramos una vida digna.
Consulta el texto completo del Decreto-ley publicado en el BOE aquí.
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