La puesta en marcha de su I Plan de Igualdad el año pasado junto a otras iniciativas fueron clave para seguir avanzando y concienciando en la necesidad de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

El pasado 7 de marzo finalizó el plazo de adaptación de tres años que concedió el Gobierno a las empresas de entre 50 y 100 trabajadores para tener un plan de igualdad, medida recogida en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Aunque el plan sólo es obligatorio para las empresas de 50 o más trabajadores, las asociaciones ASPACE de Galicia se han volcado de lleno en la implantación de estos planes (I Plan de Igualdad), considerándolos un valor añadido para sus plantillas.

En el caso de aquellas asociaciones con más de 100 trabajadores, que ya venían obligadas a contar con este plan, como es el caso de ASPACE-Coruña, a lo largo de este mes se han continuado con el desarrollo de las líneas de acción aprobadas por la Comisión.

Así, más de 100 personas, de los distintos centros con los que cuenta la entidad, han participado en las seis sesiones de formación básica en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, impartidas por Ana Prieto y Lola Santana, trabajadora social y abogada de Federación ASPACE-Galicia.

Por su parte, la asociación AMENCER-ASPACE ha iniciado un proceso de acompañamiento, de la mano de las profesionales de Federación, para poner en valor y visibilizar las numerosas medidas en favor de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y de eliminación de la discriminación por razón de sexo, que están en marcha en la entidad, así como promover nuevas líneas de actuación.

Recordemos que ya en el mes de noviembre del pasado año, esta entidad, junto con la propia Federación, participaron en acciones de formación básica en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

A la espera de constituir la Comisión, la entidad presenta una propuesta ambiciosa encabezada por el compromiso de establecer un sistema de valoración de puestos de trabajo basado en factores objetivos y vinculados de manera estricta con el desarrollo de la actividad laboral.

Cabe recordar que, aunque el compromiso de las entidades con estas medidas debe ir más allá de las propias exigencias establecidas por el gobierno, el no disponer de dicho plan de igualdad dentro del plazo estipulado, acarrea sanciones económicas, cuya cuantía varía en función del grado. Estas sanciones están recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) y oscilan entre los 626 y los 187.515 euros.

Aunque por el momento no es un requisito obligatorio para el acceso a subvenciones y concursos públicos, no obstante, es frecuente que las administraciones valoren y bonifiquen (en forma de puntos) a las entidades que dispongan de plan de igualdad.  

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